Orgullo y negligencia nacional

El rescate de los 33 mineros atrapados en la mina San José llegó a su fin. Atrás queda la angustia de los chilenos y del mundo entero que siguieron en directo el histórico rescate. Pero el futuro se presenta incierto debido a los innumerables problemas de seguridad denunciados por Amnistía Internacional en la industria minera chilena y que el gobierno de Piñera, quien aún saborea las mieles del éxito, debe resolver. 

Mientras Chile despierta después de una borrachera de euforia y orgullo nacional por el rescate los 33 mineros atrapados 69 días entre las rocas del yacimiento de San José, organizaciones como Amnistía Internacional han criticado al Gobierno chileno por no haber ratificado el convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre seguridad y salud en las minas. En un comunicado emitido ayer, Amnistía Internacional afirma que “la alta exposición mediática del rescate no debe hacer olvidar las responsabilidades y omisiones que hicieron que los 33 mineros quedarán atrapados desde el pasado 5 de agosto a 700 metros de profundidad". La organización asegura además que el no haber ratificado el convenio de seguridad en las minas "contribuye a generar o perpetuar profundas injusticias y abusos de los derechos humanos de los trabajadores, que se desempeñan frecuentemente en condiciones muy precarias de salud y seguridad y con alto índice de accidentes laborales a lo que contribuyen los escasos recursos aplicados por el Estado a los controles necesarios". Sin embargo, en el mismo comunicado expresan su satisfacción por "el esfuerzo conjunto del Gobierno, organizaciones, empresas y las propias víctimas del derrumbe que hizo posible una gigantesca operación de rescate".

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha salido al paso de este comunicado al recordar su compromiso de investigar a fondo lo ocurrido en la mina San José para evitar que vuelva a ocurrir un accidente semejante, anticipado por muchos de los trabajadores. “Esto no va a quedar impune”, afirmó Piñera comprometiéndose a buscar a los responsables. Esta palabras del presidente intentan aplacar los ánimos de Amnistía Internacional y sobre todo respondían a la petición de Luis Urzúa, el último minero en ser rescatado, quien le manifestó al poco de salir su deseo de que hechos como estos “no vuelvan a pasar".

Manuel González, el primer miembro del equipo de rescate que descendió los 700 metros que separan la superficie con el yacimiento San José, se ha sumado a las críticas mediante la denuncia de las “inhumanas” condiciones de trabajo en las que se encontraban los mineros, quienes soportaban temperaturas superiores a 40 grados Celcius y una humedad cercana al 90%. Incluso algunos de los atrapados habían expresado a sus familiares sentir miedo por las malas condiciones de la explotación que comenzó a operar en el siglo XIX, donde escaseaban las medidas de seguridad. Un ejemplo de negligencia tanto de los propietarios de la mina como del gobierno que se encarga de supervisar el cumplimiento y el respeto de las medidas de seguridad y las condiciones de trabajo fue el hecho de que la mina, clausurada en 2007 por un derrumbe similar, abriera al año siguiente sin haber instalado una escalera en el conducto de ventilación para que los trabajadores pudieran salir en caso de accidente, requisito indispensable para seguir funcionando. El cúmulo de irresponsabilidades por parte de la empresa San Esteban ante cuestiones de seguridad y el impago del seguro social de los mineros se suma a su nula participación en las labores de rescate y la absoluta pasividad para alertar del accidente a las autoridades chilenas.

Cuando se supo que los mineros estaban con vida, 17 días después del derrumbe, el Gobierno endureció la supervisión de las excavaciones mineras, y cerró 18 en toda la región, que carecían de refugios subterráneos, chimeneas de ventilación y de al menos dos vías de evacuación. Piñera por su parte expresó su intención de anunciar medidas para aumentar la seguridad de los trabajadores, no sólo en el sector de la minería. Para ello ampliará las atribuciones de los organismos fiscalizadores y las sanciones a las empresas que vulneran las normas de seguridad debido a que en la actualidad, a muchas empresas les resulta más económico pagar una multa que invertir para mejorar las condiciones de los trabajadores.

La actividad de la mina de cobre está descartada por el momento. El presidente chileno anunció que en el lugar que pudo haber sido escenario de la peor tragedia en la historia de la minería chilena y que hasta hace unos días ocupaba el llamado “campamento Esperanza” será erigido un monumento para que las futuras generaciones recuerden la epopeya del rescate. También muchos desean recordar este hecho como el principio del fin de la impunidad empresarial y la falta de controles gubernamentales. Para ello es necesario actuar directamente en la raíz del problema, la única forma de garantizar la seguridad de los trabajadores y evitar que se repitan hechos como el ocurrido en la mina San José.

Fuentes:

http://www.elpaís.com

http://www.elmundo.es

http://diario.elmercurio.com